Lupe Muñoz llegó a Estados Unidos a los 17 años, después de estudiar únicamente hasta 3° de primaria.
No se encontraba en una situación desesperada. Simplemente siguió el camino que solían tomar los hombres de su barrio rural de Jalisco, México.
“Cuando era niño, todo el mundo venía a El Norte”, señaló Muñoz, quien pasó años esquivando a los agentes de inmigración mientras trabajaba en Northwest Farms y comenzaba a forjar una carrera en la administración de huertas. “Estábamos acostumbrados a pensar que, en cuanto tuviéramos la edad suficiente, nos iríamos. Así eran las cosas”.
Muñoz, de 63 años, forma parte de un grupo de administradores de huertas y viñedos de Washington, todos procedentes de América Latina quienes cruzaron la frontera sur sin la documentación migratoria requerida hace varias décadas. Con poca formación, mucho esfuerzo y la oportunidad que les brindó el gobierno hace 40 años —la amnistía migratoria—, han contribuido tanto al desarrollo de la industria frutícola como a la construcción de sus propias carreras.
Good Fruit Grower ha dedicado el último año a conocer a tres de estos directivos que se acercan a la edad de jubilarse. Comparten tres rasgos: una profunda fascinación por la horticultura, un compromiso con el aprendizaje continuo y una preocupación genuina por sus compañeros de trabajo.
“Si tratas bien a la gente, te hacen un buen trabajo”, afirmó Miguel Rodríguez, administrador desde hace muchos años de Sagemoor Vineyards en Mattawa. “No quieres que la gente venga a trabajar y odie el trabajo que hacen. Así que cuida de la gente como si fuera tu familia. Eso es muy importante”.
En la década de 1980 hubo un breve periodo en el que las políticas agrícolas y laborales de Estados Unidos —culminando en la amnistía de 1986— permitieron a Rodríguez y a otros trabajadores regularizar su situación y continuar trabajando en huertas y viñedos. Desde entonces, los intentos de reformar las políticas migratorias no han logrado reunir apoyo político, lo que ha dejado a las huertas enfrentando una escasez de mano de obra.
“Mi antiguo jefe me llamó hace unos meses”, contó Faustino Barrios, administrador con amplia trayectoria en una empresa del centro-norte de Washington. Le preguntó, “¿Dónde está la gente competente?”. Y Barrios le respondió: “Creo que la buena gente ya son mayores de edad”.
El riesgo y la oportunidad
Cuando Muñoz era joven, su familia veía la deportación como un riesgo incómodo, pero aceptable.
“No era demasiado difícil”, afirmó Muñoz, jefe de zona de River Valley Fruit en el valle de Yakima, Washington.
Al principio, su objetivo principal era ahorrar lo suficiente para comprar un tractor en Jalisco, donde su familia vivía de una pequeña granja en la que cultivaban maíz, frijoles y criaban ganado. Pero las oportunidades que ofrecía EE. UU. lo convencieron para quedarse. A Muñoz, la clase media estadounidense le parecía de un nivel económico muy alto.
En 1986, el presidente Ronald Reagan firmó la Ley de Reforma y Control de la Inmigración (Immigration Reform and Control Act o IRCA), que definió la mano de obra del sector frutícola durante toda una generación. La ley concedía la residencia a quienes hubieran vivido de forma ininterrumpida en EE. UU. al menos desde 1982, y hubieran realizado un mínimo de 90 días de trabajo agrícola durante el año anterior. También tipificó como delito la contratación a sabiendas de un trabajador indocumentado, y creó el formulario I-9 y el programa de visa H-2A.
El plazo de solicitud de la amnistía migratoria se extendió de mayo de 1987 a mayo de 1988 y otorgaba 18 meses de residencia temporal antes de que los solicitantes pudieran obtener la tarjeta de residencia permanente, conocida comúnmente como tarjeta verde. A lo largo de los años, el gobierno federal introdujo múltiples ampliaciones y excepciones a esa política fundamental.
Muñoz fue uno de los casi tres millones de personas que obtuvieron la amnistía.
En las décadas de 1980 y 1990, Dave Gleason, un horticultor veterano de Kershaw Cos., se encargó de la contratación durante buen parte de su carrera. El gobierno federal prohibía contratar a trabajadores indocumentados, pero investigar a los solicitantes implicaba el riesgo de violar sus derechos civiles.
“La verdad es que no les pedíamos documentos de identidad ni documentos de inmigración”, explicó Gleason, quien habla español con fluidez. “Te podían acusar de discriminación si los cuestionabas”.
Los trabajadores que beneficiaron de la amnistía y la regularización se convirtieron en “pilares del éxito de la industria frutícola”, comentó Ofelio Borges, director del programa de servicios técnicos y educación del Departamento de Agricultura del Estado de Washington. “La mayoría comenzó como trabajadores agrícolas migrantes, laborando en distintas empresas agrícolas y dominando poco a poco todos los aspectos de la horticultura”.
Esos años de experiencia práctica les dieron la formación necesaria para administrar una huerta, afirmó, y no sorprende que muchos antiguos administradores sean ahora también propietarios de impresas agrícolas. Su éxito, a pesar de las barreras lingüísticas y culturales, es una prueba de cómo la resiliencia genera oportunidades.
“No es exagerado afirmar que el sector frutícola de hoy no estaría donde está sin sus aportaciones”, afirmó Borges. “Al mismo tiempo, hay que reconocer el gran mérito de los propietarios de las huertas, que supieron ver su potencial, les brindaron su confianza y les dieron una oportunidad”.
La inmigración en la actualidad
Muñoz, Barrios y Rodríguez piensan como muchos otros estadounidenses: apoyan una vía legal para que los trabajadores que respetan la ley puedan quedarse en EE. UU. y no se oponen a las medidas destinadas a localizar y castigar a delincuentes.
“Lo que el gobierno está haciendo ahora es complicado, pero está intentando poner orden”, opinó Barrios.
La propuesta de política más reciente que ofrecía una vía hacia la regularización para los trabajadores agrícolas y reformas al programa de trabajadores invitados H2A —la Ley de Modernización de la Mano de Obra Agrícola (Farm Workforce Modernization Act) —, no consiguió el apoyo político suficiente cuando se presentó en 2019 ni en las diversas campañas posteriores.
Hoy en día, la situación ha cambiado. El presidente Trump asumió el cargo a principios del año pasado con la promesa de frenar la inmigración de personas que carecen de la documentación requerida, con especial hincapié en quienes tienen antecedentes penales.
Sin embargo, las deportaciones han aumentado en todo el país y el 74 % de las personas recluidas en los centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) no tenían antecedentes penales, según un análisis de las cifras realizado el 7 de febrero de este año por el Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC).
El “sueño americano”
Muñoz, Rodríguez y Barrios —junto con muchos otros administradores de huertas con experiencia y con historias similares— distan mucho del típico trabajador agrícola inmigrante.
“El mercado laboral agrícola es una pirámide, con una base amplia y una cima estrecha”, afirmó Philip Martin, profesor emérito de Economía Agrícola y de Recursos de la Universidad de California, Davis. “La mayoría de los trabajadores agrícolas nacidos en México que llegaron (a EE. UU.) antes de 2008-2009 no ascendió en la industria agrícola. Por el contrario, muchos han abandonado el sector por completo o han dejado los trabajos más arduos debido a su edad. Solo un grupo muy reducido ha podido desarrollar una carrera en la agricultura gracias a su propio esfuerzo. Merecen un gran reconocimiento por haber superado numerosos obstáculos para alcanzar ‘el sueño americano’”.
Rodríguez, quien en 1979 ingresó en EE. UU. desde México sin la documentación requerida, obtuvo la residencia en 1984 al casarse con una ciudadana estadounidense.
Siguiendo los pasos de un hermano, Barrios viajó de forma clandestina desde Guatemala hasta Wenatchee en 1988 y consiguió un permiso de trabajo justo antes de que venciera el plazo establecido por la IRCA. En 1991 cumplió los requisitos y obtuvo una tarjeta de residencia.
Estos tres hombres, ahora ciudadanos estadounidenses, valoran profundamente la agricultura y las empresas en las que han trabajado, aunque no cambiaron de trabajo muy a menudo. Todos ellos han participado en planes de jubilación 401(k) y han desarrollado habilidades de gestión, ya sea a través de experiencia laboral o mediante formación.
A los tres les preocupa quién podría ocupar su lugar algún día. Algunos de sus hijos han seguido sus pasos y trabajan en la agricultura. El hijo de Barrios, por ejemplo, —llamado Nevin—, asumió el puesto de su padre en la huerta donde él había criado a su familia, después de que Barrios fue ascendido a formador de directivos.
Sin embargo, entre los hijos de los tres hay enfermeros, maestros de escuela, ingenieros y técnicos en gestión de residuos.
Barrios recuerda los días en que llegaban a presentarse en la huerta hasta 100 personas en busca de trabajo. Algunos de ellos eran muy conocidos porque llevaban 15 años solicitando trabajo allí.
“Hoy en día, si viene gente de por aquí, quizá sean unas 20 personas o incluso menos”, subrayó. “La situación es muy difícil. La agricultura atraviesa un momento duro”.
Creando una vía de promoción
El sector frutícola genera oportunidades y sigue dependiendo de la inmigración para cubrir los puestos de encargados de huerta que se jubilan.
Los tres veteranos encargados de huertas y viñedos entrevistados por Good Fruit Growercompartían una misma preocupación: ¿quién ocupará sus puestos cuando se jubilen?
La mano de obra es un recurso escaso en general, y la perdida de trabajadores veteranos con tantas habilidades ha obligado al sector a dar pasos importantes a lo largo de los años para sustituir a estos administradores con los trabajadores actuales.
Para lograrlo, varias asociaciones están creando una vía de oportunidades que permita que las carreras profesionales de nivel directivo sean visibles para los trabajadores de niveles inferiores, lo que hace que todo el sector resulte más atractivo, según explicó Jon DeVaney, presidente de la Asociación de Fruticultura del Estado de Washington (Washington State Tree Fruit Association, o WSTFA).
“La agricultura no tiene por qué ser un callejón sin salida”, afirmó.
En 2022, la WSTFA puso en marcha el Programa de Liderazgo Agrícola para ayudar a los trabajadores de huertas motivados a desarrollar habilidades de gestión, como saber transmitir expectativas o mantener la calma en situaciones de estrés. No se trata de habilidades innatas, ni siquiera para trabajadores que han demostrado ser leales y productivos.
El Programa de Formación para Empleados Hispanos de Huertos (Hispanic Orchard Employee Education Program o HOEEP) del Wenatchee Valley College dota a los trabajadores de conocimientos avanzados en horticultura y ciencias vegetales.
La Washington Apple Education Foundation ofrece becas universitarias a los hijos de los empleados del sector frutícola, mientras que en California las iniciativas estatales de desarrollo de la mano de obra suelen centrarse en la tecnología.
La otra forma de animar a la gente a quedarse y trabajar en el sector es recurrir a la inmigración, aunque las vías son largas y costosas, según Eamonn Roach, abogado especializado en inmigración de Pasco, Washington.
La legislación en materia de inmigración ofrece a los agricultores vías para solicitar tarjetas de residencia por motivos laborales, de modo que los trabajadores H-2A leales y con experiencia puedan convertirse en residentes permanentes de EE. UU. mediante un visado EB-3. El proceso está diseñado para durar entre dos y tres años, aunque en la práctica la acumulación de casos pendientes lo alarga aún más, según Roach.
WAFLA, una organización dedicada a la mano de obra agrícola y estacional que tramita la mayoría de las solicitudes H-2A de Washington, gestiona los trámites de unos 190 trabajadores temporales H-2A para puestos de cuadrillero u otros cargos de supervisión en cuatro empresas agrícolas. El periodo máximo que la normativa H-2A permite a los trabajadores permanecer en EE. UU. es de 10 meses, dijo Enrique Gastelum, director ejecutivo de la organización.
Los trabajadores pueden aprender mucho en 10 meses, pero algunos puestos requieren un compromiso durante todo el año, señaló Gastelum. Por ejemplo, para obtener la licencia de aplicador certificado de pesticidas se necesitan créditos de formación continua que solo pueden conseguirse en las reuniones agrícolas de invierno, que se celebran cuando los trabajadores del programa H-2A suelen haber regresado a sus países.
WAFLA también está ayudando a algunos de sus clientes con las solicitudes de visado EB-3. Algunas tardan más de cinco años en completarse. •
Esta es una versión abreviada del artículo original publicado en inglés en la edición impresa del 1 de mayo de 2026.
